Leía hoy la entrevista a Matilde Cuena en Juristas con Futuro (@mcuenaca) en la que se considera que:
“Los tiempos actuales exigen nuevas actitudes y aptitudes, tales como, la capacidad de trabajar colaborativamente en entornos laborales multidisciplinarios, inteligencia emocional, dotes de administrador financiero, gestión y planificación adecuada de proyectos, capacidad de gestión óptima del tiempo, afinidad tecnológica y resiliencia.”
Entre otros temas, Matilde critica la menor duración del grado de Derecho a causa de la amplitud de la materia a impartir, si bien considera que la reforma del sistema es buena, pero mal implantada.
Coincido con ella en este aspecto, y opino que es una lástima que no se haya aprovechado la reforma para introducir materias ya imprescindibles en el día a día de un abogado, dejando que sean las universidades más avanzadas o con mayor visión de futuro las que incorporen dichas materias o dejándolo para el master de acceso de forma casi anecdótica.
El sector legal atraviesa cambios fundamentales en varios aspectos, siendo uno de ellos la forma en que se prestan los servicios jurídicos. Las nuevas tecnologías han transformado por completo el día a día del abogado (o por lo menos así debería ser): desde la redacción y revisión de un contrato con sistemas computerizados de aprendizaje continuo (machine learning) hasta la forma de planificar y ejecutar un asunto con técnicas de Legal Project Management, incluyendo los sistemas de Inteligencia Artificial que ya se están utilizando en el sector.
La Universidad debería añadir más competencias en la formación de los futuros juristas del país, pues si queremos un sistema judicial, tanto público como privado más competitivo y eficaz es imprescindible sentar unas mínimas bases ya desde el inicio. Universidades extranjeras ya lo están haciendo como por ejemplo la Suffolk University of Boston y su Instituto para la Práctica del Derecho, Tecnología e Innovación o la MSU con el lanzamiento de su curso sobre prestación de servicios jurídicos con Kenneth Grady uno de los expertos más reputados en Legal Project Management, entre otros muchos ejemplos. Su objetivo: formar abogados con las competencias mínimas necesarias (el T-shaped lawyer como lo definen en la American Bar Association), además de las imprescindibles habilidades jurídicas para desarrollar una carrera profesional exitosa en su propio beneficio y en el de la sociedad.
Decía Matilde en su entrevista, en un ejemplo que refleja el cambio de tendencia:
“Muchas veces me piden en despachos profesionales o empresas que les recomiende alumnos. En una ocasión me pidieron expresamente que no sugiriera sin más al más empollón de la clase. Preferían a alguien con peor expediente siempre que tuviera otras cualidades: capacidad de trabajar en grupo, educación, ser participativo y facilidad para relacionarse con los demás. Hay habilidades que no se enseñan en la universidad y que son extraordinariamente importantes. Muchas veces he visto cómo han triunfado alumnos poco brillantes académicamente hablando, pero muy espabilados en otras áreas. Personas luchadoras, afables, con buena disposición al trabajo y con habilidades sociales.”
Cierto que no todos los alumnos van a ser abogados, solamente un 45% de los licenciados españoles se incorpora a un Colegio Profesional (un 37% como ejerciente y un 16% como no ejerciente) según el informe de Abogacía Española pero muchos otros que no lo hacen trabajarán en la administración pública o serán jueces, fiscales, secretarios judiciales, etc… tanto a unos como a otros les beneficiaría adquirir algunas de las habilidades adicionales indicadas pudiendo aportar mucha luz a los problemas de gestión de la Administración de Justicia.
La realidad es que el sector legal precisa de dichos profesionales y una de mis inquietudes es ¿dónde los encontraremos? ¿tendremos que ir a buscarlos fuera?